En un reciente pronunciamiento, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, puso de manifiesto una serie de casos en los que jueces habrían favorecido a presuntos delincuentes, entre ellos, el otorgamiento de amparos a involucrados en el caso Ayotzinapa, generando críticas y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial mexicano.

BUSCAN JUSTICIA POR EL CAUSA DE AYOTZINAPA

En la sección «Cero Impunidad», Rodríguez Bucio destacó un amparo otorgado a José Luis «N», exalcalde de Iguala e implicado en el caso Ayotzinapa. Este individuo enfrenta causas penales por homicidio y delincuencia organizada. Según el subsecretario, un tribunal colegiado, integrado por los magistrados José Pablo Pérez Villalba, Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, otorgó un amparo a José Luis «N». Este amparo permitiría una nueva audiencia para determinar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa.

Rodríguez Bucio expresó su preocupación por la decisión del tribunal colegiado, argumentando que la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis «N» viola sus derechos convencionales según las sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro caso que resaltó el subsecretario fue el de María de los Ángeles «N», esposa de José Luis «N» y vinculada al caso Ayotzinapa. María de los Ángeles fue sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada, entre otros cargos. Rodríguez Bucio mencionó que, el 24 de abril de 2023, el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, argumentando que se habían violado sus derechos de seguridad jurídica en audiencia, defensa e igualdad.

Además, se hizo referencia al caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto «N», quien buscó modificar la medida de prisión preventiva justificada. En una audiencia de revisión de medidas cautelares el 29 de septiembre del año pasado, el juez Marco Antonio Beltrán Moreno determinó modificar la prisión preventiva justificada por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y el pago de una garantía de 10 millones de pesos, entre otras medidas.