Informe de seguimiento a observaciones de CDHEH en el sistema penitenciario
Por:
Dulce Castillo
02 de enero de 2024, a las 14:01
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha llevado a cabo un exhaustivo informe de seguimiento a las observaciones realizadas en el sistema penitenciario, centrando su atención en las Áreas de Detención Municipales (ADM) y los Centros de Reinserción Social (CERESO) correspondientes al año 2023. Este análisis integral abarcó la evaluación de la infraestructura de los inmuebles, la atención médica, la calidad de la alimentación, la seguridad y el trato dispensado tanto a los internos como a los grupos prioritarios.
Este ejercicio de supervisión se enmarca en un seguimiento detallado de las Recomendaciones Generales RG-0001-23 y RG-0002-23, originadas a raíz del «Diagnóstico de Áreas de Detención Municipales 2022» y el «Diagnóstico de Centros de Reinserción Social 2022». La CDHEH ha puesto especial atención en verificar el grado de implementación de las recomendaciones previas emitidas en marzo de 2023.
CDHEH
El equipo de la CDHEH realizó visitas a las 84 ADM y los 12 CERESOs, así como al Centro de Internamiento para Adolescentes del estado de Hidalgo (CIPA), con el objetivo de evaluar de cerca el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas y privadas de libertad en estos centros.
La presidente de la CDHEH, Ana Parra, destacó que este seguimiento a las Recomendaciones Generales representa un esfuerzo adicional por parte del organismo autónomo defensor de los derechos humanos. Se busca identificar y documentar las deficiencias encontradas, con el propósito de promover reformas necesarias que garanticen una mejora continua en el trato y las condiciones de las ADMs y CERESOs en la entidad.
Parra subrayó que las Recomendaciones Generales RG-0001-23, enfocadas en «Derechos de las personas en los Centros de Reinserción Social en el Estado de Hidalgo», y RG-0002-23, centradas en «Derechos de las personas en Áreas de Detención Municipal en el Estado de Hidalgo», son herramientas cruciales para asegurar que las prácticas y políticas se alineen con los estándares más elevados de derechos humanos. Estas recomendaciones actúan como salvaguardas para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del sistema penitenciario.