El municipio de Mineral del Chico se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes, mientras el alcalde Alfredo Hernández Morales y el secretario del Ayuntamiento, Fernando Baltazar Monsalvo, son señalados por permitir y promover una serie de delitos ecológicos que amenazan la integridad de uno de los santuarios naturales más importantes del Estado.

Durante varios trienios, ambos funcionarios se han alternado en el poder, utilizando su influencia para favorecer intereses personales por encima de la conservación del entorno natural. Entre los delitos más graves se encuentra la construcción ilegal de viviendas en áreas protegidas, que ha resultado en el derribo indiscriminado de cientos de árboles, incluyendo especies centenarias.

Además, la ausencia de una planta tratadora de residuos ha provocado la contaminación de los ríos locales, exacerbada por el vergonzoso delito del «huachicoleo» del agua, en el que el alcalde utiliza recursos hídricos para su embotelladora personal. Estas acciones irresponsables han llevado a una devastación ambiental sin precedentes, poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

El incendio reciente registrado en el Parque Nacional El Chico es solo una muestra de los efectos devastadores de estas prácticas negligentes. La deforestación impulsada por las autoridades municipales ha dejado al territorio vulnerable a catástrofes ambientales, poniendo en peligro no solo la flora y la fauna, sino también la seguridad y el bienestar de la población local.

Baltazar Monsalvo, en su anterior mandato como alcalde, autorizó la tala masiva de árboles para facilitar la construcción de proyectos de vivienda, utilizando estas obras con propósitos electorales a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esta práctica abusiva revela una clara falta de ética y compromiso con el medio ambiente por parte de los funcionarios públicos.

Es imperativo que las Secretarías del Medio Ambiente, tanto a nivel local como federal, investiguen a fondo los delitos ecológicos cometidos por Hernández Morales y Baltazar Monsalvo. La comunidad de Mineral del Chico y el Estado en su conjunto merecen respuestas y acciones contundentes para detener esta devastación ambiental y asegurar la protección de los recursos naturales para las generaciones futuras.