En un giro de eventos que resalta la tensa relación entre el poder ejecutivo y los órganos reguladores en México, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha resuelto, durante una sesión extraordinaria, que el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió la legislación vigente al difundir propaganda gubernamental en su conferencia matutina del 21 de marzo.

Este pronunciamiento se sitúa en el contexto de una acusación formal presentada por el Partido de Acción Nacional (PAN), argumentando que el presidente López Obrador y la canciller Alicia Bárcena comprometieron el principio de imparcialidad y realizaron un uso indebido de recursos públicos durante la mencionada conferencia.

El foco de la controversia radica en la discusión de temas relacionados con programas sociales, la reconstrucción de un albergue y estadísticas de migración, lo que según el INE, vulnera los artículos 41 y 134 de la Constitución Mexicana.

Según detalla la resolución del INE, estas acciones del mandatario se encuentran prohibidas durante la etapa del Proceso Electoral Federal, pues se interpretan como promoción de logros gubernamentales, situación que la ley mexicana busca evitar en tiempos electorales para garantizar la equidad en la competencia política.

«La Comisión resolvió que es procedente la medida cautelar solicitada porque, bajo la apariencia del buen derecho, se identificaron manifestaciones que podrían constituir logros o acciones de gobierno», explica el comunicado del INE.

Como consecuencia directa de este hallazgo, se ha solicitado al presidente López Obrador que lleve a cabo las acciones necesarias para eliminar o modificar los archivos de la conferencia del 21 de marzo, en un esfuerzo por alinear su comunicación con los requisitos legales y constitucionales vigentes.

Esta situación pone de manifiesto la delicada línea que existe entre la comunicación gubernamental y la propaganda política en México, especialmente en períodos electorales donde la imparcialidad se vuelve un pilar fundamental para la democracia. La resolución emitida por el INE no solo subraya la importancia de adherirse a la legalidad en todas las formas de comunicación política sino también refleja el papel crítico que juega el Instituto en la supervisión y garantía de procesos electorales justos y equitativos.