Renuncia Martín Borrego a la Semarnat tras polémica por boda en el MUNAL

Martín Borrego Llorente presentó su renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) luego de que se revelara que utilizó su posición como servidor público para gestionar la realización de su boda privada en el Museo Nacional de Arte (MUNAL). El hecho generó críticas al considerar que Borrego habría aprovechado su cargo para obtener beneficios indebidos.

La polémica

La controversia surgió a raíz de un reportaje del periodista Claudio Ochoa Huerta, en el que se dio a conocer que el pasado 4 de octubre Borrego, entonces Coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Semarnat, celebró su boda con Ionut Vâlcu, miembro de la Embajada de Rumania en México, en el MUNAL. La ceremonia coincidió con un acto oficial para conmemorar el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania, lo que suscitó señalamientos sobre el uso indebido de espacios públicos para fines personales.

La renuncia de la Semarnat

En su carta de dimisión, Borrego afirmó que su renuncia es “voluntaria, con carácter de irrevocable y efectos inmediatos”. Admitió que fue inapropiado gestionar el evento utilizando un correo institucional mientras ejercía su cargo como jefe de oficina en la Semarnat, pero defendió que el evento fue de carácter privado y costeado con recursos personales.

“Reconozco que fue impropio haber solicitado el espacio a través de un correo institucional… sin dolo ni quebranto alguno al erario”, escribió.

En su misiva, agregó que la decisión de realizar el evento en el MUNAL se ajustó al protocolo establecido por el recinto y reiteró que no hubo afectación a los recursos públicos.

Reacciones

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, no ha emitido un posicionamiento público al respecto. Sin embargo, la renuncia de Borrego ha generado diversas reacciones en redes sociales y entre figuras públicas, quienes exigen mayores controles sobre el uso de recursos y espacios públicos por parte de funcionarios.

El caso también ha reabierto el debate sobre la ética en el servicio público, en particular sobre cómo los servidores deben evitar cualquier apariencia de conflicto de interés o uso indebido de su posición.