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Sheinbaum va contra la producción del maíz transgénico
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles 22 de enero que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para prohibir la siembra de maíz transgénico en el país, a pesar de un reciente fallo en contra en la disputa bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La propuesta de Sheinbaum ya está lista
Durante la conferencia matutina “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que la propuesta ya está lista y que planea enviarla al Congreso el próximo jueves. “Es muy sencilla, es la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país para que sea llevada a la Constitución”, comentó la Mandataria. Esta reforma surge después de que en diciembre pasado, el grupo de especialistas del T-MEC presentara su informe final, en el que concluyeron que las medidas adoptadas por México para prohibir la importación de maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares internacionales y científicos exigidos por el tratado.
El Gobierno de México había tomado esta postura como parte de sus esfuerzos para proteger la biodiversidad y los cultivos nativos del país, sin embargo, la resolución del T-MEC cuestionó la legalidad de las restricciones impuestas sobre el glifosato y el maíz transgénico. La disputa surgió cuando Estados Unidos y Canadá impugnaron dos puntos del decreto mexicano de 2023, específicamente las restricciones sobre el uso de glifosato y la siembra de maíz modificado genéticamente.
A pesar de la resolución del T-MEC, Sheinbaum reafirmó el compromiso del Gobierno mexicano de defender la soberanía alimentaria y proteger la producción agrícola nacional. La iniciativa de reforma busca establecer una base legal más sólida que respalde la prohibición de la siembra de maíz transgénico, alineándose con los principios del Gobierno para preservar los cultivos tradicionales y evitar los riesgos asociados con los organismos genéticamente modificados.
La discusión en el Congreso sobre esta reforma será clave para determinar cómo México abordará los desafíos legales y comerciales derivados de esta iniciativa, mientras busca equilibrar la protección ambiental con las obligaciones internacionales.